A LA DEMOCRACIA POR LA EDUCACIÓN
Víctor Manuel Barceló R. *
Indicadores económicos y sociales, hechos políticos aberrantes, muestran al país impulsado al abismo. Urgen procesos que le alejen de tan drástico destino, hacia sendas de recuperación generalizada y formal. La llave es la educación del pueblo –a todos los niveles- con impulso, vigoroso y sostenido a la investigación en ciencia y tecnología. Esta, junto a la historia, la filosofía y el civismo, están siendo enseñadas, con mutilaciones que alteran el sentido de nuestra vida como nación. Ocurre en la escuela primaria, pero también en los claustros de enseñanza media y superior, en donde hay el compromiso de llegar al 5% del PIB, a ciencia y tecnología, del que estamos lejos.
Los más valioso de un país, son sus recursos humanos. Mientras mayor preparación humana y académica posean, su valor trasciende exponencialmente en la vida de la nación. Se opone al avance de la vida nacional, una corrupción galopante, parte de ella producto de acuerdos electorales, que detienen, entorpecen o de plano alejan perspectivas reales de cambio, en las altas esferas del poder.
Así, el interés de la población pasa a segundo término. Solo la acción coordinada de organizaciones sociales, puede destrabar parte de los compromisos contraídos con organizaciones e individuos, cuando se acude al voto ciudadano o a su apoyo, para lograr posición en el Congreso o en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.
La educación es factor predominante, para avanzar a modelos alternativos de desarrollo sustentable, que recuperen la capacidad de acción de la mayoría de mexicanos, poseedores de fuerza de trabajo –apreciada cuando hace falta al otro lado de la frontera-. Su acción constructiva, desbloquea potencialidades de nuestro territorio, en su mayor parte en manos de empresa sociales -que duermen el sueño de los justos-. Esto requiere acciones coordinadas de la sociedad, para estar cerca de la planeación del desarrollo y vigilar el uso de los recursos, para que estos lleguen íntegros, al destino predeterminado.
Ya no es posible perder posibilidades de formación profesional –se habla de que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) está a punto de afectar seriamente a su División de Ciencias Básicas- en tanto los cuantiosos recursos que recibimos por venta de petróleo, sirvieron para incrementar el gasto corriente federal en 700 000 millones de pesos, en lo que va del 2000 al 2009. En ese período aumentaron plazas de honorarios de 6 mil a 47mil, triplicando salarios y prestaciones. Así se paga a la “inteligencia” formada en universidades estadounidenses, por acentuar el modelo de acumulación de capital, vigente, que hace más ricos a los ricos y más miserables a los pobres.
Nuestro pueblo no reacciona frente a tales inequidades, porque su educación cívica y democrática está prácticamente cancelada. Si esta educación existiera, la creatividad y el talento de millones de habitantes de nuestro territorio, buscarían, reflexivamente, que la participación ciudadana crezca. Los problemas sociales, encontrarían comprensión y presión, para ser atendidos. Por ahora, la falta de preparación hace susceptible al ciudadano, para no entender una vejación a los derechos cívicos, en otras personas; peor aún, son motivo de pisoteo de sus derechos a votar y ser votados, sin reacciones, que la ley prevé, en defensa de dichos derechos políticos.
En ocasiones, tal dificultad permite que organismos encargados de la defensa del ciudadano y los que rigen, manejan y manipulan elecciones, se extralimiten en sus funciones y apliquen sanciones caracterizadas, a cada caso, aun cuando sean similares los hechos, a los de otros, sin precisar razones por las que se castigan diferente. Ocurre, muchas veces, porque a un funcionario “le pareció” que se estaba incumpliendo la ley. ¡Cuan urgente es revisar la legislación electoral y ponerla a tono con la búsqueda de una democracia participativa!.
Urgen cambios en la educación, para que prepare para la vida al mexicano –desde sus primeros años escolares-. Esto debe entenderse en el contexto de un nuevo Pacto Social, que valide y respete al pueblo. Un Pacto que forme maestros de excelencia, solo así habrá calidad en la educación. Veamos, por ahora, la educación cívica. Esta encausa a las personas como ciudadanos responsables, autosuficientes, listos para participar activamente en el gobierno. Pero éste debe parecer y ser democrático. Desafortunadamente ésta, la democracia, no funciona bien, en la sociedad mexicana. El autoritarismo y el manejo caciquil, son su mayor freno.
Falta construir cimientos culturales, eficacia y compromisos políticos, que atiendan a las necesidades reales del ciudadano y respeten sus derechos. Solo así podremos dar el salto, de la democracia representativa –en que se burla cotidianamente al ciudadano y sus derechos- a la participativa, en que éste, organizado, decide los rumbos del bienestar para sus comunidades, pueblos y familias.
Dentro de las cosas positivas de la OEA, está la “Carta Democrática Interamericana” de septiembre del 2001. En sus Artículos 26 y 27, se precisa la necesidad de desarrollar una cultura democrática, que coopere con reformas políticas democráticas, en los países. En ese camino hay que avanzar, con seriedad y prontitud en México, tanto en el medio educativo, como en los congresos locales y el federal.
Urge afianzar en la sociedad, prácticas e instituciones tendientes a la consolidación democrática. Se reacentúan intereses de grupos, en decisiones metajurídicas. Debieran prevalecer los valores, a partir de los cuales se discuta sobre procedimientos que los transmitan, junto a normas a observar y acatar, por todo ciudadano, en una democracia real. Se crean valores en la sociedad, si hay corresponsabilidad democrática entre pueblos y gobiernos. Aquéllos se fortalecen, mediante impulsos –a todos los niveles- en una educación de calidad.
Seymour Martín Lipset,(pedagogo y politólogo) señala que la educación no es solo un rasgo esencial de la democracia, sino condición que propicia o no su existencia. Cuanto más alto es el nivel cultural de una población, mayores son las posibilidades de que haya democracia. Los valores y normas de comportamiento social deben adquirirse –por tanto- de forma estable y permanente, a lo largo de toda la existencia, modelándose a través de la educación.
Para ello existen metodologías y programas institucionales, en que con diálogo y la participación en experiencias compartidas, los futuros ciudadanos, practiquen la auto dirección de su vida y hábitos de convivencia social. Por tanto, es esencial que las instituciones de educación -formal o informal- provean a la población infantil, juvenil y madura, tanto del conocimiento de los principios que construyen a la democracia -valores, procedimientos, evolución histórica- como de habilidades y destrezas que estimulen su disposición a involucrarse en los asuntos públicos. Numerosos estudios corroboran que existe una correlación positiva entre educación y democracia. Ambas interactúan para conformar una participación ciudadana, amplia y definitoria.
Es de entender –valga reiterarlo- que solo a través de la educación se configuran en los ciudadanos, los valores democráticos que orientan su conducta y definen su posición, frente al reconocimiento de la dignidad humana, la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la honestidad, la igualdad, responsabilidad y participación. Todos estos valores de la cultura democrática, se adquieren y consolidan en el aprendizaje social.
De ahí que la educación sea elemento central para formar ciudadanos que participen: libre, racional y responsablemente, en los procesos democráticos. La formación ciudadana fomenta una cultura política que estimula la participación laica, pacífica y civilizada, mediante el respeto a los derechos humanos, en la justicia y libertad, acogiendo diferencias culturales y de minorías, tanto en lo público como en lo privado. A esto aspiramos en el entorno nacional (y tabasqueño) para pugnar por un desarrollo sustentable, en que todos cooperemos, en el bien de todos.
* Profesor y Licenciado en Economía. Se ha desempeñado en el Servicio Exterior, el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Tabasco, entre otras responsabilidades.