LA SEGURIDAD QUE EL PRESUPUESTO NO PUEDE COMPRAR
Rafael Mendoza Toro *
De la serie disponible de gasto federal por “capítulos”, encontramos que de 1995 a la fecha, el rubro “seguridad” siempre ha crecido en términos reales; al margen de ciclos económicos, sea crisis, estancamiento o “bonanza”, en todos los años se le pone más lana, de manera tal que se puede aseverar terminantemente que el Estado Mexicano nunca ha gastado más en la materia de lo que hará en 2009. A este gasto federal se le debiera sumar estados y municipios y, relevante a últimos tiempos, el gasto privado directo, empero el primero no está disponible y del segundo no hay estimaciones serias.
Este gasto se destina principalmente a las fuerzas policiales de todos niveles, encontrándose en la serie disponible del 2000 a la fecha un incremento significativo, al punto que en este año rebasa la suma de sus “efectivos” el medio millón, o sea: uno de cada 200 mexicanos es policía. A esta cifra se le debería sumar las fuerzas privadas, que van desde el velador con su “cuete” a organizaciones parapoliciales muy estructuradas, algunas al margen de la ley como las “guardias blancas” del medio rural. Llegamos pues a una segunda aseveración: nunca tantos mexicanos han trabajado intentando proporcionar seguridad al país.
Concluyamos con un dato más: de acuerdo a cifras oficiales el número de detenidos en cárceles federales, estatales y municipales se ha incrementado año con año, rebasando este 2008 los 300 mil; o sea uno de cada 300 mexicanos está en la cárcel, número al que debería sumarse quienes están siendo procesados en “libertad”. La conjunción de cifras debiera inducirnos a una seria reflexión: sí nunca México ha gastado más en seguridad, incorporado más elementos a esa tarea y encarcelado más “responsables” de ilícitos, pero contradictoriamente nunca las condiciones de inseguridad han estado más al límite del desborde, luego entonces la ecuación no es lineal y, antes que más dinero, habría que cuestionarse que se está haciendo mal ¿Será que no es el cuanto sino el como?
La primera aplicación del gasto se da en el incremento de “efectivos”, contratar más policías, el pequeño problema es que no se controla “quienes” son esos policías. De más está recordar que no hay un estándar de policía nacional que indicara rangos de edad, educación, perfil socioeconómico y demás, integrándose por el contrario con lo que se encuentra: analfabetas, subempleados, etc. y que en la mayoría de los casos no hay una capacitación ni evaluación previa. No es raro entonces que esa “policía” no garantice ningún apego a la ley e incluso termine militando con quien paga más: el crimen organizado.
El incremento de los haberes policiales, es segunda prioridad y parece lógica: no se le puede pedir a un policía que gana tres mil pesos al mes no corromperse y menos arriesgar su vida peleando contra la delincuencia. El problema es que, ninguna cantidad por sí sola, impulsa a arriesgar el pellejo, la motivación debe estar en otra parte, mientras que tampoco es blindaje contra la corrupción, pues aunque AFI y PFP reciben sueldos razonablemente altos para el medio mexicano, en esas corporaciones se dan también casos de corrupción e infiltración; baste recordar al general Rebollo, zar antidrogas y empleado del cartel.
Mejorar el equipamiento parece otra buena idea de uso del dinero, “la policía no puede combatir a criminales mejor armados”; en consecuencia la lista de compra se engrosa con fusiles de asalto, granadas de mano y vehículos de todo tipo. El problema es que las armas no se disparan solas (bueno alguna que otra vez pero aceptemos el “NO” para este texto) y entregárselas a policías mal capacitados, equivocadamente motivados y de dudosas lealtades, termina siendo armando “al enemigo” en todos sentidos. Hace unos días un diario de circulación nacional suscitó una polémica sobre el reglamento de uso del armas del DF, pues prácticamente autorizaba la “ley fuga”; ¿Cuál es el reglamento en un determinado municipio?, pues no necesitamos que un policía se corrompa para estar en peligro, basta con que tenga una percepción distorsionada de su autoridad, aunada a un AR-15. En Aguascalientes esta pulsión por el equipamiento se lleva al extremo, recién se acaban de cambiar los viejos tsuru por potentes camionetas (dejemos de lado la gran mochada que implicó esta compra) cuando ya se anuncian nuevas inversiones, ¿de verdad la seguridad mejorará porque la policía viaje en Hummer y porte metralletas HK-50? Antes que eso suceda vale recordar que el propio secretario municipal de seguridad reconoció que la policía no sabe usar ni la arma de cargo.
Apelar a la lógica del “nunca un problema complejo ha tenido soluciones sencillas” será en vano, la demanda ciudadana abonó el terreno y la oferta de fondos federales es del tipo “que no se puede rechazar”, en consecuencia los jefes de compras se frotan las manos con las adquisiciones, que además por “razones de seguridad” no podrán ser públicas; claro sí los controles federales se ponen muy estrictos, se apelará a los créditos como anunció el gobernador. Los legisladores a su vez amenazan con hacer su parte, criminalizando “todo” para empezar y no equivocarse, inventándose incuso el alcalde Arellano como jurista demandando leyes univocas, no sujetas a interpretación, por tanto haciendo innecesario el trabajo de jueces y toda reforma judicial; de paso está logrando con sus actos y dichos que no extrañemos al mosco Reyes.
De salida y nomás por saciar mi curiosidad, me gustaría que el diputado Brand hiciera pública su definición de “evidencia científica” y las citas bibliográficas completas de donde saca su aseveración que “la vida empieza en la concepción”; ya entrado en gastos, que nos dé lecciones de derecho constitucional pues si según él, la propia constitución “protege a la vida desde la concepción” como es posible que la Suprema Corte haya determinado la constitucionalidad de la ley de DF que autoriza la interrupción del embarazo. Si su interpretación es la correcta, mínimo debe exigir juicio político y fusilamiento de los ministros transgresores, “pa´que aprendan derecho”.
* Nació en el DF en 1952, reside en Aguascalientes desde 1992. Medico cirujano por la UNAM, sin ejercicio lucrativo de la profesión. Desempeñó diversos encargos en la Administración Pública Federal, principalmente en el INEGI y la Secretaria de Programación y Presupuesto. Investigador de los determinantes económicos y sociales en la salud, colaboró en el proyecto “Salud Enfermedad y Muerte en los Altos de Chiapas” en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, y en la investigación publicada en la serie “Necesidades Esenciales: Salud, situación actual y panorama al año 2000”, por la Presidencia de la República y la Ed. Siglo XXI, en 1983.
Militante de la izquierda desde 1968; fue Secretario de Formación Política del Comité Estatal del PRD de 1997 al año 2000. Analista sobre temas políticos y sociales en diversos medios locales, como las revistas Crisol y Tiempo de Aguascalientes y los diarios El Sol del Centro, Página 24 y Aguas; escribe para el suplemento Contextos del diario de circulación nacional Milenio desde el año 2001. Fue coordinador del libro: “Alternancia y transición democrática, la experiencia de Aguascalientes”, editado en el año 2005 por el Senado de la Republica y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.